Durante ocho años, Mali fue el centro logístico y operacional de esa presencia, donde estuvieron estacionados unos 5.000 soldados franceses, durante muchos años. A partir de finales de agosto, la mitad de ese destacamento se trasladará definitivamente a Niger y otros países de la gigantesca zona desértica subsahariana de Sahel.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, nombró ayer «transitoriamente» o «en funciones» como director del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) a Vasili Maliuk en sustitución de Iván Bakánov, apartado de sus funciones el domingo por Zelenski, quien a su vez también dejó en suspenso el cargo de la fiscal general, Irina Venedíktova.

Ambos son sospechosos de «alta traición», pero, según aclaró ayer la Presidencia ucraniana, no están cesados, sino «apartados de sus cargos» mientras se investiga y esclarece el grado de implicación en el delito de colaboración con el enemigo que presuntamente habrían cometido. Venedíktova fue ya sustituida el domingo al frente de la Fiscalía General por Oleksiy Simonenko.

Zelenski dejó en suspenso el cargo de Bakánov «de conformidad con el artículo 47 de la Carta Disciplinaria de las Fuerzas Armadas de Ucrania», que se refiere al «incumplimiento de los deberes de servicio que causaron bajas humanas, otras consecuencias graves o crearon la amenaza de tales consecuencias». En cuanto a Venedíktova, fue apartada sobre la base de una norma incluida en la ley marcial declarada en mayo, que deja las manos libres al jefe del Estado para suspender a un funcionario cuyo nombramiento o destitución esté dentro de su autoridad. El presidente nombró al fiscal general por decreto con el consentimiento del Parlamento.

Sin embargo, el Departamento Jurídico de la Rada Suprema (Parlamento unicameral de Ucrania) sostiene en un informe que la Constitución no faculta a Zelenski para decidir sobre la destitución de los funcionarios a su cargo. Según Oleksandr Marusyak, experto en Derecho Constitucional citado por la web ucraniana ‘Liga.net’, «ni la Constitución ni la ley pertinente sobre la Fiscalía prevén la posibilidad de que el presidente destituya al fiscal general». Sin embargo, añadió el jurista, «el presidente, sin el consentimiento de la Rada Suprema, reemplazó al fiscal general, asignando sus funciones a otro sin especificar ningún periodo de tiempo concreto».

Por su parte, el miembro del Comité de Seguridad Nacional de la Rada, Fyodor Venislavsky consideró que los decretos de Zelenski son legalmente correctos. A su juicio, «bajo la Ley Marcial, las decisiones deben tomarse con prontitud, a veces no hay tiempo para consensuar cada uno de los pasos procesales».

Zelenski argumentó el domingo tras firmar los decretos que las «rotaciones» acometidas en el SBU y la Fiscalía General están motivadas por la presencia de «un gran número de traidores». Se da la circunstancia de que los actuales ceses estuvieron precedidos de la detención de Oleg Kulínich, que había venido ocupando hasta marzo el departamento del SBU dedicado a Crimea, oficina que tuvo que trasladarse a Jersón tras la anexión de la península por Rusia. Para ilustrar sus temores, el presidente ucraniano se refirió precisamente a Kulínich, a quien los investigadores acusan de pasar información a Rusia clasificada como «secreto de Estado».