Arévalo recibe un país dividido, pobre y envuelto en la corrupción
Entre los pasillos del Palacio Legislativo y los del Ministerio Público –el ente autónomo de persecución penal en Guatemala– se confirma un pacto cuyo único objetivo es impedir, a toda costa, que el recién estrenado Gobierno del socialdemócrata Bernardo Arévalo se cuelgue medallas. La oposición del Congreso de la República, liderada por Vamos, el partido del presidente saliente Alejandro Giammattei, y las fiscalías bajo el mando de la polémica fiscal Consuelo Porras, han comenzado «a trabajar juntos» para echar a andar una estrategia desde dos poderosos frentes: el legislativo y el judicial. A la oposición parlamentaria le tocará bloquear a los aliados de Arévalo utilizando la aritmética, mientras que se prevé que la fiscalía seguirá acusando a diestra y siniestra a todos los liderazgos que se han opuesto a la maniobras de Porras.
La oposición de Arévalo ha sufrido dos estocadas: la toma de posesión del presidente –que intentaron evitar con múltiples casos judiciales hechos a la medida– y la maratoniana jornada en el Parlamento en la que, contra todo pronóstico, los diputados del partido Semilla, de Arévalo, lograron sumar una mayoría para permitir la investidura y el inicio de un nuevo Gobierno que deberá luchar contra la polarización, la pobreza y la corrupción.