Mientras España regula a Airbnb y Booking, la RD sigue sin control normativo

España, al igual que la República Dominicana, tiene en la industria turística una de sus principales fuentes de divisas, pero su gestión de las plataformas de alquiler de corta duración es radicalmente distinta.

La nación ibérica, que en 2024 recibió más de 90 millones de visitantes (frente a poco más de 10 millones en la República Dominicana), ha decidido actuar con firmeza a partir del 1 de julio para proteger su sector hotelero regulado y frenar la competencia desleal de plataformas como Airbnb y Booking.

Desde el 1 de julio, España exigirá que Airbnb y Booking remitan mensualmente a la Administración datos detallados del mes anterior -dirección del inmueble, número de noches, huéspedes por noche, país de procedencia, fechas, URL del anuncio y número de registro- a través de una Ventanilla Única Digital.

Las pymes y micropymes remitirán esta información de forma trimestral. Además, todos los alojamientos deberán contar con un número identificativo emitido por el Registro de la Propiedad (con un costo de 27 euros, más el impuesto de valor agregado, solo otorgado si cumplen normativas urbanísticas y poseen licencia.

Las plataformas deberán realizar inspecciones aleatorias y notificar sus resultados a la Administración. También se ha ordenado el bloqueo de más de 65,000 anuncios ilegales en Airbnb -sin número de licencia o con datos incorrectos- para proteger la vivienda residencial y luchar contra la masificación turística.