El Parlamento de Grecia aprueba la expulsión sin derecho de asilo para los inmigrantes irregulares

El Parlamento griego aprobó este viernes con 177 votos a favor del grupo conservador Nueva Democracia y de Solución Griega, 74 votos en contra y 42 abstenciones, una enmienda que tiene como objetivo frenar el creciente flujo migratorio, especialmente el que llega a las islas de Creta y Gavdos por la denominada ruta libia.

La controvertida medida prevé la imposibilidad de solicitar asilo a los inmigrantes que lleguen de forma irregular principalmente desde la costa de Libia. Estas personas serán detenidas y deportadas de forma inmediata a su país de origen o al lugar desde donde emprendieron su viaje a Grecia. Además, según lo anunciado en la sesión parlamentaria, hasta que se produzca su repatriación, los inmigrantes permanecerán retenidos en centros especiales que serán habilitados en Creta.

Durante su intervención en el Parlamento, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, afirmó que «Grecia no es la ruta fácil» y defendió la necesidad de una respuesta unificada europea frente a la presión migratoria.

Por su parte, el ministro de Migraciones y Asilo, Thanos Plevris, anunció un nuevo proyecto de ley que criminalizará la estancia irregular en Grecia. El ministro calificó las llegadas desde el norte de África como «una operación de invasión hacia Europa» y advirtió de la presencia de «tres millones de personas en la costa de Libia» esperando llegar a Europa.

Según el ministro Plevris, más de 500 personas cruzaron este jueves la frontera sur de Grecia. El ministro afirmó que ninguna de ellas –en su mayoría procedentes de Egipto– cumple con los requisitos para recibir protección internacional. En un tono contundente, pidió poner fin a lo que calificó como «el cuento de hadas que cuentan las niñeras», en referencia a las posturas de los partidos de la oposición que piden que no se elimine para estas personas la posibilidad de iniciar los trámites de asilo.

Los principales partidos de la oposición denunciaron la inconstitucionalidad de la medida y alegaron que es también contraria a lo establecido por la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y de la Convención de Ginebra, que garantiza el derecho de las persona a solicitar asilo.

Desde Syriza-A.P, calificaron la enmienda como «una devolución en caliente de facto» que, además, viola el derecho internacional. Advirtieron de que la medida crea un «limbo legal» al suprimir la distinción entre refugiados e inmigrantes económicos, creando «zonas grises» donde muchas personas quedarán sin un estatus legal definido.