DENUNCIA SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES, COLUSIÓN Y CONFLICTOS DE INTERÉS EN PROCESOS DE CONTRATACIÓN DEL INABIE EN SAN PEDRO DE MACORÍS, AZUA y LA ROMANA
Se denuncia un posible entramado de irregularidades en distintos procesos de contratación del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) en San Pedro de Macorís, que amerita una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes. Entre los hechos señalados figuran posibles conflictos de interés, vínculos familiares con funcionarios y actores políticos, relaciones entre empresas participantes que podrían comprometer la transparencia y libre competencia, así como la eventual adjudicación de contratos a empresas relacionadas entre sí dentro de un mismo proceso.
Asimismo, se señala la participación y eventual adjudicación a oferentes que, de acuerdo con informes y documentos emanados del propio INABIE, habrían sido previamente descalificados o identificados por la comisión de prácticas consideradas irregulares, incluyendo presunta presentación de documentación falsa, inconsistencias documentales y otras actuaciones que habrían sido objeto de diligencias y verificaciones administrativas por parte de la institución.
Lo particularmente preocupante es que, pese a estos antecedentes y a las observaciones consignadas en documentos institucionales, algunos de estos oferentes habrían resultado posteriormente beneficiados con contratos de montos millonarios. De confirmarse estas situaciones, se plantearía una seria interrogante sobre los criterios utilizados para su habilitación y posterior adjudicación, así como sobre la igualdad de condiciones entre los participantes.
La denuncia también plantea la posible existencia de actuaciones u omisiones de empleados o funcionarios de la institución que, directa o indirectamente, pudieron haber favorecido a determinados oferentes durante las distintas etapas de los procesos de contratación, en perjuicio de empresas que sí habrían cumplido con los requisitos establecidos en los pliegos de condiciones y que, además, cuentan con años de experiencia y capacidad demostrada para prestar los servicios requeridos.
La situación resulta especialmente relevante debido a que se trataría de recursos públicos destinados a garantizar servicios esenciales para la población estudiantil. Por ello, cualquier posible práctica de colusión, conflicto de interés, favorecimiento, falsedad documental, manipulación de requisitos o vulneración de los principios de igualdad, transparencia y libre competencia debe ser debidamente esclarecida.
Ante la gravedad de los hechos y la documentación que sustenta las situaciones señaladas, en las próximas horas se estará depositando formalmente una querella ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), a los fines de que se realice una investigación profunda, independiente y objetiva y se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder.