Acuerdo ‘in extremis’ en la UE para el reparto de inmigrantes

Después de años de interminables negociaciones, los ministros del Interior europeos han cerrado un acuerdo «político» para reformar las normas de asilo en la UE. El hecho ha sido calificado como histórico, a pesar de que se ha logrado por una débil mayoría, con la oposición abierta de dos países (Polonia y Hungría) y la abstención de cuatro más, es decir muy lejos de la unanimidad y que aún ha de ser discutido con el Parlamento, que tiene que ratificarlo. Y todo ello antes de que acabe la legislatura en mayo.

Lo que ha costado tantas rondas de negociaciones es el acuerdo sobre un mecanismo para el reparto de los inmigrantes llegados de manera irregular a los países con fronteras exteriores y cuyos gobiernos están sometidos a una mayor presión de los flujos migratorios. El sistema ha sido denominado de «solidaridad flexible» y obligará a los demás países a reaccionar cuando uno de los países miembros se vea desbordado con la llegada de extranjeros sin papeles. Y deberán hacerlo o bien acogiendo en su territorio a parte de esas personas o en caso de no hacerlo, pagando una compensación para que otros lo hagan, tasada por cada traslado que se rechace.

En términos aritméticos, el pacto asume que cada año la Comisión deberá reubicar a un mínimo de 30.000 personas y cifra en 600 millones la cantidad que recaudarán para ese «fondo de solidaridad», lo que permite deducir la cifra de 20.000 euros por persona rechazada. También se prevé que los países concernidos puedan pagar el equivalente en «material útil» para el control fronterizo, que siempre puede ser una resquicio para evitar tensiones en ciertos momentos.