Anulación del Código Penal Procesal atrasaría la lucha contra la violencia de género

Al Congreso Nacional le quedan 11 meses para aprobar nuevamente la modificación del Código Procesal Penal (CPP) antes de que salga del ordenamiento jurídico por órdenes del Tribunal Constitucional (TC), lo que implicaría serios retrocesos en el sistema de justicia y en el castigo de los delitos de violencia de género e intrafamiliar.

La alta corte determinó que el Senado incurrió en vicios de forma en el procedimiento de elaboración y aprobación de la Ley 10-15, que modificó el Código Penal Procesal en el año 2015, y otorgó un año para llevar a cabo el proceso nuevamente.

El expresidente Danilo Medina había devuelto al Senado este proyecto de ley con varias observaciones. Entre ellas, cuestionaba que se mantuviera un párrafo en el artículo 85 que decía que «las entidades del sector público no pueden ser querellantes».

«Experiencias en grandes e importantes procesos han revelado la necesidad de que esto sea revisado y que se contemple la posibilidad de que estas entidades puedan participar en calidad de querellantes», expresaba el mandatario.