¿Cuánto consume un centro de datos? Una ley europea a la medida de las grandes tecnológicas impide saberlo
Microsoft y DigitalEurope, un grupo de presión entre cuyos miembros se encuentran Amazon, Google y Meta, lograron una cláusula de confidencialidad en la legislación de la UE para bloquear el acceso público a información fundamental sobre el impacto medioambiental de cada centro de datos, según ha podido revelar una investigación liderada por Investigate Europe en la que han participado EL PAÍS y medios como The Guardian y Le Monde.
La Comisión Europea recopila datos clave sobre centros de datos, como la eficiencia energética y el consumo de agua. Sin embargo, la información sobre la huella ambiental de cada instalación no es de acceso público. Eso es así después de que la industria presionara para modificar la legislación de 2024 con el fin de clasificarla como confidencial y comercialmente sensible.
La Comisión animó a los Estados miembros de la UE a rechazar las solicitudes públicas de información, como muestra un correo electrónico enviado a principios de 2025 compartido con Investigate Europe. En ese mensaje, un alto cargo de la Comisión insistió a las autoridades nacionales en que estaban “obligadas a mantener la confidencialidad de toda la información y los indicadores clave de rendimiento de cada centro de datos particular”.
La cláusula de confidencialidad es una de las varias excepciones favorables a las empresas que la industria presionó para añadir a la normativa de la UE, según ha descubierto Investigate Europe. Tal y como aseguran al menos diez destacados juristas consultados para esta información, esa cláusula podría violar las normas de transparencia de la UE: en concreto, puede infringir las obligaciones del Convenio de Aarhus, un tratado internacional sobre el acceso a la información medioambiental.
“No recuerdo ningún caso comparable en las últimas dos décadas”, explica el profesor Jerzy Jendrośka, quien formó parte durante 19 años del órgano encargado de supervisar el Convenio de Aarhus e imparte clases de Derecho medioambiental en la Universidad de Opole, en Polonia. “Esto parece no ajustarse a lo establecido en el convenio”, añade.
Europa está construyendo centros de datos a un ritmo vertiginoso, con una inversión prevista de 176.000 millones de euros en los próximos cinco años. Esta carrera ha desatado una preocupación generalizada por la contaminación y el intenso consumo de energía, así como por el impacto en las comunidades y los hábitats naturales.
Un intento de regular el sector fue la revisión de 2023 de la Directiva de Eficiencia Energética de la UE, que obligaba a los operadores a comunicar datos sobre indicadores clave de rendimiento, como el consumo de energía y de agua. Poco después, la Comisión elaboró instrucciones más detalladas sobre las nuevas obligaciones. En diciembre de 2023, se distribuyó un primer borrador en el que se establecía que los datos debían “publicarse de forma agregada”.
A continuación, el ejecutivo de la UE recabó las observaciones de las partes interesadas, siguiendo el proceso consultivo habitual. A principios de 2024, Microsoft y DigitalEurope presentaron sus comentarios: ambas sugirieron un nuevo artículo que clasificara como confidencial toda la información relativa a los centros de datos, alegando intereses comerciales. Querían ir más allá de la propuesta inicial de la Comisión y garantizar que ni siquiera se pudiera acceder a los datos mediante solicitudes de acceso a la información.
Cuando la Comisión publicó el texto definitivo en marzo de 2024, el artículo que habían propuesto se había incorporado casi palabra por palabra. El texto definitivo del artículo 5 exige que “la Comisión y los Estados miembros afectados mantengan la confidencialidad de toda la información y los indicadores clave de rendimiento de los centros de datos individuales. Dicha información se considerará información confidencial que afecta a los intereses comerciales de los operadores y propietarios de centros de datos”.