Presos políticos: Cuba, el gran gulag castrista
«La historia del presidio político de Cuba está escrita en sangre. Describir tanto horror, tanta tragedia humana, es tarea penosa. Muchas veces he pensado que lo mejor sería poder olvidar, cerrar los ojos y borrar de un tirón los amargos recuerdos, las experiencias amargas vividas en las prisiones de la isla esclavizada». Con estas palabras, Ernesto Díaz Rodríguez, condenado a 40 años de cárcel y liberado tras cumplir 22 años gracias a la presión internacional, introducía su libro ‘Rehenes del castrismo: testimonio del presidio político en Cuba’. Publicado en 1995, es uno de los testimonios que ha inspirado la película ‘Plantados’, que se estrenó el pasado viernes en España.
El filme, dirigido por Lilo Vilaplana, visibiliza
uno de los aspectos más oscuros de la revolución cubana y del castrismo: las decenas de miles de presos políticos que fueron encarcelados, torturados y, en muchas ocasiones, fusilados, por no arrodillarse ante el régimen. Muchos de esos presos, acusados de ‘contrarrevolucionarios’, habían apoyado antes a Fidel Castro para derrocar la dictadura de Fulgencio Batista. Pero desencantados ante las promesas incumplidas –elecciones libres en 18 meses, la restitución de la Constitución de 1940…– se volvieron contra ‘El comandante’.
Filmada tras dos décadas de intentos fallidos, ‘Plantados’, producida por el empresario cubano Leopoldo Fernández Pujals, fundador de Telepizza, retrata la historia de aquellos que se negaron a vestir el uniforme de los presos comunes y que no se sometieron a los programas de rehabilitación diseñados por el castrismo para convertirlos en ese ‘hombre nuevo’ del que la dictadura alardeaba y que quería construir a su imagen y semejanza.
Opacidad en las cifras
La opacidad del Gobierno cubano ha hecho imposible tener un registro exacto del número de presos políticos encarcelados tras el ascenso de Fidel Castro al poder. La prohibición del acceso a sus cárceles a organismos internacionales, así como de la existencia de organizaciones pro derechos humanos dentro de la isla, ha impedido monitorizar de manera detallada los centros penitenciarios, los campos de trabajos forzados y las condiciones de vida de la población reclusa.