Un juez bloquea la deportación de Imran Ahmed, uno de los cinco europeos vetados por la Administación Trump
Un juez estadounidense ha bloqueado la deportación del activista británico Imran Ahmed, uno de los cinco ciudadanos europeos (junto al ex comisario de Mercado Interior de la UE Thierry Breton) a los que la Administración Trump había negado el visado para entrar o permanecer en Estados Unidos, acusados de ser «ideólogos» contra las plataformas tecnológicas estadounidenses. El anuncio, efectuado el miércoles por el secretario de Estado Marco Rubio, provocó las protesta unánime de los Gobiernos francés, británico y alemán, así como de la Comisión Europea.
Imran Ahmed es director del Centro para Contrarrestar el Odio Digital (CCDH) y reside en Washington junto a su esposa norteamericana y su hija. El activista británico, amigo del jefe de Personal del premier Keir Starmer, Morgan McSweeney, presentó el jueves una demanda ante de un tribunal de Nueva York contra el secretario de Estado Marco Rubio, la fiscal general Pam Bondi y otros altos cargos de la Administración Trump, alegando la supuesta «inconstitucionalidad» de cualquier intento de arresto o deportación.
El activista entró en conflicto el año pasado con Elon Musk por una investigación sobre el aumento de los contenidos racistas, extremistas y antisemitas en X. Musk llegó a calificar incluso a su organización como «grupo criminal» e intentó llevarle a juicio.
El juez neoyorquino Vernon S Broderick concedió este viernes a Ahmed una «orden de restricción temporal» sobre cualquier medida para expulsarlo de Estados Unidos antes de que pudiera defender su caso ante un tribunal.
«Estoy orgulloso de poder considerar Estados Unidos como mi hogar: mi esposa y mi hija son americanas y en vez de pasar las Navidades con ellas, estoy luchando para evitar mi deportación ilegal», declaró Ahmed en un comunicado. «El trabajo de mi vida ha consistido en proteger a los menores de los daños de las redes sociales y la inteligencia artificial sin regulación, y evitar la diseminación del antisemitismo en internet. Esa misión me ha llevado a enfrentarme a altos ejecutivos de la tecnología, y en particular Elon Musk, en repetidas ocasiones».
«Las acciones del Departamento de Estado son injustificadas y descaradamente inconstitucionales», declaró por su parte su abogada Roberta Kaplan, que anticipó una dura y ejemplar batalla legal contra la deportación.
«El dinero y la influencia de los gigantes de la tecnología está corrompiendo el sistema político», denunció Ahmed en declaraciones a The Guardian. «No hay otra industria que esté actuando con la misma arrogancia, indiferencia, falta de humildad y avaricia sociopática».
El activista británico, que trabajó a lo largo de la última década con políticos laboristas, recordó cómo su organización colaboró con la primera Administración Trump. La primera audiencia judicial por su caso ha sido convocada para el lunes.
Ahmed figuraba en una lista negra encabezada por el político y empresario francés Thierry Breton, acusado de ser el «cerebro» de la Ley de Servicios Digitales (DSA) de la UE , considerada por la Administración Trump como «un esfuerzo organizado para censurar, demonizar y suprimir los puntos de vista americanos».
La también británica Clare Melford, al frente del Índice Global de Desinformación, así como su compatriota Josephine Ballon y la alemana Anna-Lena von Hodenberg (ambas de la organización HateAid) completan la lista de «activistas radicales» marcados por la Administración Trump en el nuevo frente abierto con la UE.
Todos ellos han sido calificados como «activistas radicales», con la negación del visado para entrar en el país y apercibidos de amenaza de deportación. Thierry Breton ha respondido a las acciones recordando que la DSA fue aprobada por unanimidad por los 27 y acusando a la Administración de reactivar las «cazas de brujas» de McCarthy.
La Comisión Europea, así como los Gobiernos de Francia, Reino Unido, Alemania y España replicaron fuertemente a las acciones norteamerianas, calificadas por el presidente Macron como «medidas de intimidación y coerción destinadas a subvertir la soberanía digital europea».