El mundo de las firmas sigue igual que cuando falleció Ismael Ureña
La noticia de la muerte en julio pasado del lanzador adolescente Ismael Ureña Pérez, cuyos familiares alegan se debió a la aplicación de inyecciones con esteroides en una academia, dio la vuelta al mundo y desde el Gobierno se prometieron medidas ejemplarizantes para hacer frente a una millonaria industria desregulada y sin supervisión.
Cual si hubiese un control de ellas, el 27 de noviembre, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, informó la eufemística suspensión de las actividades de preparación y exhibición en los programas (academias) que entrenan a prospectos con potencial de firma.
Entonces, Cruz dio un plazo de 45 días para que estas entidades regularicen su funcionamiento ante la Oficina Nacional del Comisionado de Béisbol, que semana después abrió una plataforma para registrar a todo niño, liga, academia y entrenador vinculado a la disciplina en el país.
Fue la respuesta estatal al escándalo y llegó tras una reunión de alto nivel, en Miderec, en la que participaron representantes de los ministerios de Deportes, Salud Pública, Conani, Cámara de Diputados y Senado, el Defensor del Pueblo y el representante de la MLB en el país.
Casi cuatro meses después, el plazo vencido, ni hubo suspensión de las actividades en los complejos deportivos, el caso se encuentra estancado en los tribunales y el proceso de registro que debía expirar el 15 de enero sigue abierto, sin fecha de vencimiento, ni de amonestación.
Russel Aracena, uno de los abogados que demandó al entrenador Yordy Cabrera por supuestamente inyectar a Ulloa con sustancias para caballos, dice a Diario Libre que la autopsia que pidieron en octubre todavía está a la espera de los resultados desde Toxicología para que el Ministerio Público continué con el proceso.
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