Gremios empresariales piden al presidente no promulgar reforma a la Ley de Residuos Sólidos
La modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), recientemente aprobada por el Congreso Nacional, ha despertado una ola de preocupación en diversos sectores productivos del país, que advierten sobre las consecuencias económicas, operativas e institucionales que podría acarrear su entrada en vigencia.
Tanto la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), como la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), han coincidido en que el nuevo marco legal impone cargas desproporcionadas, amenaza la libertad de empresa y ha sido aprobado sin una consulta efectiva con los actores impactados.
Adocem: obligación de coprocesamiento vulnera la libertad de empresa
Julissa Báez, directora ejecutiva de Adocem, manifestó a Diario Libre que el artículo 20 del proyecto obliga al uso de combustibles derivados de residuos en los hornos cementeros, lo cual consideró inconstitucional y contrario al principio de libertad empresarial consagrado en la Constitución.