La Autotutela Judicial: ¿Por qué no podemos tomar la ley en nuestras propias manos?
Por Víctor López
En la búsqueda de justicia, especialmente en momentos de frustración, puede ser tentador anhelar una retribución inmediata y directa. Sin embargo, para exigir y construir una justicia real y sostenible es imperativo recordar el pilar sobre el que se fundamenta nuestra sociedad: vivimos en un Estado de derecho.
Este principio fundamental significa que la Ley del Talión, el «ojo por ojo, diente por diente» ha sido superada, y que tomar la justicia en nuestras propias manos no solo es un impulso peligroso, sino una contravención directa a nuestro pacto social.
Una de las preguntas más comunes que surgen en el ámbito de los negocios y los acuerdos personales es: si un contrato establece claramente una obligación, ¿por qué no puedo simplemente actuar para forzar su cumplimiento sin la intervención de un tribunal?
La respuesta reside en la base misma de nuestra organización como sociedad, el contrato social. Como ciudadanos de una sociedad organizada, hemos decidido, voluntariamente, ceder parte de nuestras libertades individuales al Estado. La más importante de estas libertades cedidas es el uso de la fuerza.
A cambio, el Estado asume el monopolio legítimo de la coerción para regular la convivencia, proteger nuestros derechos y resolver los conflictos de manera ordenada. Este acuerdo es precisamente lo que evita que la sociedad degenere en el caos, garantizando que los desacuerdos y los delitos se gestionen a través de normas jurídicas y procedimientos establecidos, y no por la voluntad o el poder del más fuerte.
En consecuencia, se han creado instituciones judiciales cuyo propósito es servir como canales para dirimir las diferencias que surgen entre los ciudadanos. Recurrir a la autotutela, es decir, a la impartición de justicia por cuenta propia, es ilegal e incorrecto porque socava la autoridad del Estado y nos devuelve a la ley del más fuerte.
La justicia verdadera requiere de un tercero imparcial, una entidad con la capacidad y la legitimidad no solo para determinar quién tiene la razón en una disputa, sino también para imponer las sanciones correspondientes de manera proporcional y justa. Este árbitro neutral es la garantía, en principio, de que las decisiones no estarán viciadas por el interés personal, la emoción o el deseo de venganza.
Ahora bien, el gran problema en la República Dominicana no es la ausencia de este marco legal, sino su ineficacia en la práctica. La tutela judicial efectiva, un derecho garantizado por nuestra Constitución, se ve obstaculizada por un sistema judicial que a menudo es extremadamente lento, excesivamente burocrático y costoso.
Esta realidad no solo desmotiva al ciudadano común a buscar justicia a través de las vías legales, fomentando la desconfianza y la apatía, sino que también envenena el clima de inversión. La pregunta que se hace cualquier inversionista local o extranjero es lógica y paralizante: ¿Por qué arriesgar mi capital en un país donde no tengo ninguna garantía de que los conflictos contractuales o comerciales que surjan serán resueltos de manera oportuna y efectiva?
La falta de seguridad jurídica es uno de los mayores frenos al desarrollo económico. Un sistema de justicia deficiente es una barrera invisible que disuade la inversión, frena la creación de empleos y limita el potencial de crecimiento de la nación. La certeza de que los derechos serán protegidos y los acuerdos respetados no es un lujo, sino la piedra angular de un mercado próspero y una sociedad estable.
Es más que obligatorio fortalecer el Estado de derecho. Es una tarea que va más allá de tener leyes bien escritas, exige un sistema judicial que funcione. De lo contrario, cada vez más será mayor la exigencia ciudadana de reemplazar al Estado en su función. Lo que se debe es demandar al Estado que cumpla con su deber fundamental de proveer una justicia accesible, eficiente y confiable para todos. Solo así cerraremos la brecha entre la justicia que anhelamos y la que realmente obtenemos.
3 de junio 2025